Conclusiones de la Misión Internacional

Fecha: 2010-07-23

 

El 20 de noviembre, fueron presentadas las conclusiones del informe
preliminar sobre la Verificación del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Los resultados resaltan la omisión del Estado guatemalteco en el cumplimiento de su obligación respecto a este derecho.

La realidad que se vive en el campo y en las comunidades es muy distinta a la visión que tienen de ella los funcionarios de las instituciones estatales en la ciudad capital. “Sorprende” las diferencias que existen en el país y sobre todo, que se continúen haciendo cada vez más grandes, resaltó Martin Wolpold,representante de FIAN Internacional, Organización Internacional por el Derecho a
la Alimentación.

Indicó que el Derecho a la Alimentación es una obligación del Estado que requiere de políticas contundentes para atacar y superar el hambre en Guatemala. Además, señaló que el Estado debe de cumplir con sus obligaciones e instó a abstenerse de políticas que generan hambre como desalojos forzosos, expansión de la producción de agro combustibles, mega proyectos y minería.

Refirió que el acompañamiento que hacen organizaciones sociales como las Pastorales de la Tierra y Plataforma Agraria, con estas agrupaciones en conflicto, es muy importante para que no decaigan en la búsqueda del cumplimiento de sus Derechos Humanos, ya que hay momentos en que los líderes y lideresas sienten que el camino por recorrer es sumamente difícil e interminable.

El informe preliminar de la misión, resalta la preocupación ante el creciente fenómeno de violencia y amenazas, en contra de lideresas, líderes, indígenas, campesinos, campesinas y sindicalistas, que defienden los derechos humanos.

La obligación de respeto, en esencia, implica que el Estado debe respetar el acceso existente de la personas a sus fuentes de alimentación, por lo que debe abstenerse de medidas que pudieran privar a la persona o a un conjunto de personas de sus fuentes de alimentación.

Los casos verificados y las políticas públicas analizadas por la misión demuestran que varias de las acciones del Estado que tienen una mayor relevancia en relación al Derecho a la Alimentación, no han tomado en cuenta la obligación de respeto, sea por acción o por omisión.

Las conclusiones son el resultado de una serie de visitas a 12 casos concretos, con especial atención a las circunstancias de amenazas, criminalización, judicialización intimidatoria e incluso violación al derecho a la integridad física y moral de los defensores de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC.

Foto por: PTI

Visita a integrantes del Grupo San Luis Malacatán

Entre los casos seleccionados podemos enlistar:

1. Desalojos de Panzós, Alta Verapaz y El Estor en Izabal.
2. Desalojo de la Comunidad Mich Bill Rix Pú, Laguna Lachuá
3. Efectos de la expansión de agro-combustibles en Ocós, San Marcos y Coatepeque en Quetzaltenango.
4. La Expansión de Agro-combustibles en Sayaxché, El Petén.
5. La Mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
6. Conflicto medioambiental de la Sierra de las Granadillas.
7. La construcción de la Hidroeléctrica de Xalalá.
8. El conflicto de Tierras de la finca la Perla, Quiché.
9. Reclamos de Tierra de San Luis Malacatán, Malacatán, San Marcos.
10. La Constitución del Sindicato SITRAPETÉN.
11. Conflicto laboral de Nueva Florencia, Quetzaltenango.
12. La Distribución de donaciones alimentarias con contenido transgénicos.

Así mismo, subrayaron la evidente criminalización campesina que se ha generado en contra de líderes y lideresas y de toda acción que busca un mejor cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, situación que preocupa a las organizaciones internacionales como nacionales ante la respuesta de parte del Estado.

Conclusiones contundentes:

La crisis alimentaria constituye una seria y persistente amenaza para el desarrollo del país y el bienestar de sus pobladores, en particular de las poblaciones indígenas y campesinas.

• La respuesta gubernamental ante la crisis ha implicado inversiones públicas inéditas, con el apoyo de la cooperación internacional, para enfrentar las consecuencias inmediatas de desnutrición aguda.

• Sin embargo, las políticas del Estado no han contemplado ni implementado el marco más amplio del Derecho a la Alimentación para cumplir con las obligaciones de Respeto, Protección y Garantía.

• La Misión ha constatado violaciones a la obligación de Respeto en el marco de desalojos forzosos, la expansión de la producción de agro-combustibles y mega proyectos con fuertes implicaciones al derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a la vivienda.

• En cuanto a la obligación de Protección la misión ha verificado casos de violaciones laborales y de despojo de comunidades campesinas e indígenas, con impacto negativo en el goce de sus derechos a la alimentación, a la tierra y al territorio.

• Ante la obligación de Garantía se destaca la necesidad de implementación de una política de desarrollo rural, reforma agraria integral y de un salario mínimo suficiente para la Canasta Básica Vital.

• En todos los casos verificados se ha observado discriminaciones múltiples de las mujeres, en particular con relación a sus derechos a la alimentación, a la salud, sus derechos laborales, el derecho a la tierra y al agua.

• El Estado debe utilizar el máximo de sus recursos disponibles para realizar progresivamente el pleno cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo cual es indispensable una reforma fiscal que permita la movilización de recursos para tal fin.

Algunas Recomendaciones:

Frente a los problemas identificados, la misión hace las siguientes recomendaciones al Estado de Guatemala, a la Comunidad Internacional y a la Sociedad Civil, entre las más significativas están:

Al Estado:

• Retomar la agenda incumplida de Los Acuerdos de Paz, poniendo énfasis en el seguimiento sobre aspectos socioeconómicos como acceso a la tierra, recursos naturales y productivos, y justicia, lo cual permitiría la reinserción plena de los sectores más vulnerables del país a la sociedad, con el fin de romper la barrera de la desigualdad social.

• Acabar con las políticas favorecedoras de éxodo rural y en su lugar adoptar políticas de desarrollo rural integral, siendo necesaria la pronta aprobación de la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral.

• Declarar una moratoria a los desalojos forzosos, mientras que no exista una legislación y procedimientos administrativos coherentes con el derecho internacional de los Derechos Humanos en materia del Derecho a la Alimentación y vivienda.

• Adoptar a nivel municipal, departamental y nacional planes de ordenamiento territorial que prioricen la democratización del acceso y tenencia de la tierra y la realización de la reforma agraria integral, fomenten la agricultura familiar campesina, protejan las tierras y los territorios de los pueblos indígenas y preserven los recursos naturales. Estos planes deberían ser elaborados con plena participación de la población rural y las organizaciones que la representan.

• Detener la expansión de la producción de agro-combustibles, dando prioridad a la producción sostenible de alimentos y a la superación de la crisis alimentaria mediante el fomento de la agricultura y la economía campesina e indígena.

• Crear legislación para restringir y controlar la compraventa de tierras por empresas extranjeras, estableciendo límites a la concentración de tierras en manos de particulares.

• Reorientar las políticas energéticas actualmente enfocadas a la implementación de mega proyectos, transformándolas hacia estrategias ajustadas a las necesidades de las comunidades rurales y congruentes con la protección del medio ambiente, por medio de proyectos consensuados con al población.

• Revisar la ley de minería a partir del pleno reconocimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de los resultados de las consultas comunitarias, considerando la prohibición del uso de cianuro en la minería, garantizando el derecho a la alimentación y al agua, previniendo procesos de desertificación y de deterioro ambiental y asegurando una justa distribución de las ganancias.

• Considerando que hay una deuda histórica con las mujeres, es necesario que todas las políticas públicas y programas incorporen efectivamente la dimensión de género y los derechos igualitarios de las mujeres, con énfasis en las mujeres campesinas, indígenas y las madres en situación de vulnerabilidad social.

• Detener y prevenir cualquier actuación conducente a la criminalización de defensores y defensoras de Derechos Humanos y activistas del movimiento campesino, indígena y sindical.

• Que las denuncias relativas a violaciones de los Derechos Humanos sean prontas y eficazmente investigadas y asumidas con responsabilidad con el fin de poner término a la impunidad, aun en situaciones en que exista interferencia de intereses económicos y políticos.

Además hacen recomendaciones a la comunidad internacional y a la sociedad civil, quienes juegan un papel importante dentro del cumplimiento del Derecho a la Alimentación en Guatemala.

El informe será sometido a las distintas entidades del Estado y organismos nacionales e internacionales, con quienes la misión tuvo un acercamiento para el planteamiento de la problemática. El informe final será presentado en febrero del próximo año, al Relator Especial del Derecho a la Alimentación de Las Naciones Unidas.

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